Empresa, Empleo y Economía Social
Trabajo

La economía sumergida constituye uno de los desafíos más serios para el crecimiento y la cohesión social en la Región de Murcia. Su presencia, estimada en un 17,4 por ciento del PIB regional -cerca de 6.900 millones de euros- afecta directamente a la capacidad de financiar servicios públicos esenciales, distorsiona la competencia empresarial y debilita los derechos laborales.  

La actividad no declarada impacta con mayor intensidad en los colectivos más vulnerables: jóvenes, personas inmigrantes, mujeres y trabajadores con baja cualificación. La ausencia de contrato, cotización o cobertura social genera empleos precarios que impiden construir trayectorias laborales estables y dificultan la salida de situaciones de pobreza o exclusión. 

Este fenómeno contribuye a mantener desigualdades que la Región necesita superar para avanzar hacia un modelo económico sostenible.  

Con el fin de afrontar esta problemática, el Gobierno regional, en colaboración los agentes sociales y la patronal, ultima el II Plan Estratégico contra la Economía Sumergida. Esta hoja de ruta se asienta en tres ejes fundamentales:

• Sensibilización y concienciación.
• Medidas específicas adaptadas a sectores clave.
• Coordinación interadministrativa y control de recursos públicos.  

El Plan se integra con otras políticas regionales que ya trabajan por el empleo de calidad, la igualdad laboral y la seguridad y salud en el trabajo. En conjunto, estas actuaciones forman un marco coherente orientado a fortalecer las condiciones laborales y garantizar un entorno productivo competitivo y justo.  

La lucha contra la economía sumergida es un reto compartido. Requiere la implicación de administraciones públicas, organizaciones empresariales, agentes sociales y ciudadanía. La colaboración, la digitalización, el intercambio de información y el compromiso colectivo permitirán avanzar hacia un mercado laboral más transparente, donde las reglas sean iguales para todos y la actividad económica contribuya plenamente al bienestar común.  

El Gobierno regional da así un paso decisivo hacia una economía más sólida, moderna y equitativa, en la que el trabajo digno y el cumplimiento de la ley se consolidan como pilares esenciales del progreso regional.