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Menor y Familia

Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales

Información sobre el Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales, sus órganos y funciones dentro de la reforma de menores.

Se hace también un repaso de la Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Organigrama del Servicio

En el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, establece que “la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces en sus sentencias firmes es competencia de las Comunidades Autónomas"

En nuestra Región, según el Decreto nº 75/2003, de 11 de julio, el departamento competente es la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración. Tal y como menciona el anterior decreto en su artículo tercero, quien ejerce las funciones que corresponden a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia como entidad pública competente, para protección y reforma de menores es la Dirección General de Familia y Políticas Sociales. Dentro de esta unidad se articula el Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales de Menores.

El Servicio de Ejecución de Medidas Judiciales, se estructura en tres unidades:

  • Sección de internamiento. En la unidad administrativa de internamiento se encuentran tres técnicos de apoyo, uno de ello con el encargo de representar a la entidad pública en las comparecencias y los actos de audiencias que se realizan con los menores en el Juzgado de Menores de Murcia y provincia.
  • Técnico de gestión de programas.
  • Técnico de gestión de medio abierto.

Personal del servicio:

  • Jefe de Servicio.
  • Jefe de Sección de Medidas de Internamiento.
  • 2 Técnicos de Gestión.
  • 5 Técnicos de Apoyo.
  • Auxiliar Administrativo.

El Servicio desarrolla las siguientes funciones:

  • La gestión de centros, servicios y programas referidos a la ejecución de medidas adoptadas por los Jueces de Menores.
  • La propuesta, tramitación, control y asistencia técnica de la acción concertada en materia de ejecución de las medidas dictadas por los Juzgados de Menores.
  • Cualesquiera otras que le sean encomendadas en el ámbito de sus competencias.

Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

La necesidad de promulgar una Ley reguladora de la Justicia Juvenil procede de manera inmediata del mandato contenido en el artículo 19 del reciente Código Penal, de 23 de noviembre de 1995, que remite a una Ley específica para la regulación de la responsabilidad de los menores de 18 años autores de hechos delictivos.

Esta Ley de naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa que pretende en la reacción jurídica dirigida al menor infractor una intervención de naturaleza educativa asentando firmemente el principio de que la responsabilidad penal de los menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa.

Destinatarios de la Ley.

En principio, la Ley será aplicable a los mayores de 14 años y menores de 18, autores de hechos tipificados en el Código Penal y leyes penales especiales como delitos o faltas (art. 1.1). El límite mínimo de los 14 años es conforme con determinadas tendencias actuales del Derecho comparado.

Por debajo de los 14 años, no hay responsabilidad sancionadora, sino mera aplicación de las normas civiles sobre protección de menores: ... “El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero” (artículo 3).

Órganos competentes en la Ley.

  • Corresponde a los Jueces de Menores la competencia para conocer de los hechos previstos en la presente Ley y para resolver en un procedimiento sumario sobre las correspondientes responsabilidades civiles (art. 2).
  • Las Fiscalías de Menores tendrán que armonizar una doble competencia:
    • De un lado, la defensa de los derechos reconocidos a los menores por las leyes;
    • De otro lado, la instrucción procesal, la dirección de las investigaciones de la policía judicial y el impulso del procedimiento (art. 6).
  • Equipo Técnico: el Equipo Técnico dependerá funcionalmente del Ministerio Fiscal independientemente de su dependencia orgánica. Durante la instrucción el Ministerio Fiscal requerirá al Equipo Técnico la elaboración de un informe o actualización de los anteriores emitidos, sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante. (art. 27)
  • Letrado del menor: tiene participación en todas y cada una de las fases del proceso, conociendo en todo momento el contenido del expediente, pudiendo proponer pruebas e interviniendo en todos los actos que se refieren a la valoración del interés del menor y a la ejecución de la medida, de la que puede solicitar la modificación.
  • La competencia para la ejecución material de las medidas impuestas corresponde a las entidades públicas de protección (y reforma) de menores de las Comunidades Autónomas (art. 45), naturalmente bajo control judicial (art. 44).

Ejecución de Medidas.

La Ley establece una larga lista de trece medidas aplicables a los menores infractores, que oscilan entre la amonestación (la más leve) y el internamiento en centros de régimen cerrado (la más grave) (art. 7). Su duración, como ya se indicó, no puede exceder de los dos años cuando el infractor tenga de 14 a 16, ni de cinco años cuando el infractor haya cumplido los 16 (art. 9, reglas 4ª y 5ª).

Las medidas contemplas (Exposición de motivos III y art. 7).

  • De las medias llamadas extrajudiciales (Exposición de motivos II-13-14; art.19):
  1. Mediación.
  2. Reparación de daño.
  3. Conciliación.

Para la elección (motivada) de la medida o medidas adecuadas, tanto por el Ministerio Fiscal y el letrado del menor en sus postulaciones como por el Juez en la sentencia, se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor... (art. 7.3), antes que de las características objetivas del hecho y de sus resultados, sin perjuicio de que, cuando los hechos sean constitutivos de simple falta (penal), se haya de escoger exclusivamente entre la amonestación, permanencia de fin de semana hasta un máximo de 4 fines de semana, prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas, y privación del permiso de conducir o de otras licencias administrativas (art. 9.1), y de que el internamiento de régimen cerrado únicamente se pueda imponer en los casos a los que en la calificación jurídica de los hechos se exponga que en su comisión se ha empleado violencia o intimidación en las personas o actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas (Art. 9.2.).

La exposición de motivos (y, seguramente, más tarde, el Reglamento que se dicte en desarrollo de la Ley) establece con precisión los criterios científicos que han de guiar la elección y la ejecución de cada una de las medidas, lo que me parece especialmente destacable, desde la perspectiva del método interdisciplinario que ha de guiar en nuestros días los sistemas sancionatorios.

¿Quién acuerda las medidas?

En nuestra Comunidad Autónoma las medidas judiciales son acordadas por la Magistrada Juez de Menores a propuesta del Ministerio Fiscal e informada por el Equipo Técnico. (LORPM, artículos 16, 27 y 38).

¿Quién ejecuta las medidas?

Para iniciar la ejecución de cualquier medida se necesita una sentencia firme LORPM, artículo 43). En el fallo de dicha sentencia viene determinado el tipo de medida y el tiempo para su ejecución.

Sobra decir que las sentencias de los jueces hay que ejecutarlas sin dilación y en esto es claro el el artículo 118 nuestra Carta Magna que nos dice "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto".

La competencia para la ejecución de las medidas dictadas en sentencias firmes por el Juzgado de Menores, es otorgada a las Comunidades Autónomas (LORPM, artículo 45).

En la ejecución de las medidas intervienen varios agentes, aunque como hemos indicado la responsabilidad de la competencia de la ejecución es de la entidad pública, incluso habiendo concertado algunos de los servicios a ONGs (LORPM, artículo 45.3) :

  • El Juzgado de Menores que ejecuta la Amonestación y la Privación del derecho para conducir vehículos de motor.
  • Los centros educativos con sus equipos para las medidas de internamiento.
  • Los equipos educativos en medio abierto que ejecuta las medidas no privativas de libertad.
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