El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy jueves, 22 de febrero de 2024, ha dado cuenta de la demanda interpuesta por el Gobierno regional ante el Tribunal Supremo contra la nueva regulación de los planes hidrológicos del Tajo y del Segura aprobada por el Gobierno de España hace un año.
La Comunidad Autónoma solicita al Tribunal Supremo la nulidad de la norma por considerar que convergen varios vicios de legalidad, entre ellos, la infracción de la jerarquía normativa y la falta de seguridad jurídica.
Asimismo, el Ejecutivo regional ha dado el visto bueno a sendas subvenciones por importe de 20.000 euros para la celebración de las ferias Equimur, que se desarrolla del 25 al 28 de abril en Torre Pacheco, y Sepor, que celebra su 57ª edición del 28 al 31 de octubre en Lorca.
Entre otros acuerdos, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al incremento salarial de los empleados públicos de la Administración regional en un 0,5 por ciento correspondiente a 2023, que supondrá unos 33,5 millones de euros ya contemplados en el presupuesto regional de 2024.
El Gobierno regional recurre el plan hidrológico del Tajo por la arbitrariedad de los caudales ecológicos, fijados sin aval científico
La Comunidad solicita al Tribunal Supremo la nulidad de la norma por considerar que convergen varios vicios de legalidad, entre ellos, la infracción de la jerarquía normativa y la falta de seguridad jurídica
Denuncia que el Plan del Tajo no contempla la existencia del Acueducto Tajo-Segura y, por tanto, no ha tenido en cuenta el impacto social, económico y ecológico que tendría sobre la cuenca del Segura
La Comunidad ha interpuesto una demanda ante el Tribunal Supremo contra la nueva regulación de los planes hidrológicos del Tajo y del Segura aprobada por el Gobierno de España hace un año. La demanda está motivada por “la arbitrariedad con la que la Administración demandada ha fijado el régimen y valores de caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo, sin presupuesto justificativo de interés general y sin aval científico que sostenga los cálculos realizados”.
El consejero de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior, Marcos Ortuño, informó hoy al Consejo de Gobierno sobre la formalización de este recurso, con el que se pretende obtener la anulación de las disposiciones del Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprueba el régimen de caudales ecológicos del río Tajo.
La Comunidad advierte que esta norma contraviene la Constitución y las leyes, y que, fruto de su falta de coordinación, está llamada a producir efectos gravemente perjudiciales fuera de su ámbito territorial y a sectores estratégicos como la agricultura de regadío y la producción de alimentos.
“Esta actuación arbitraria –recoge la demanda presentada- se ha traducido en la aprobación de unos planes hidrológicos contradictorios, basados en valores irreales y contrarios a las reglas de aprovechamiento conjunto del Trasvase Tajo-Segura”.
En concreto, son cuatro los motivos sobre los que se basa la impugnación del Real Decreto, por considerar que convergen varios vicios de legalidad. El primero, la falta de coordinación de los planes hidrológicos y la consiguiente infracción de la jerarquía normativa. En este sentido, el Gobierno regional considera que la nueva regulación del Plan Hidrológico del Tajo contraviene la Constitución e ignora los usos derivados del Acueducto Tajo-Segura.
En segundo lugar, el recurso pone en evidencia la arbitrariedad en el régimen de caudales ecológicos, que tienen una repercusión directa sobre el volumen de aguas trasvasables que pueden derivarse por el Acueducto Tajo-Segura.
El Gobierno regional entiende que el establecimiento de caudales ecológicos en todos los tramos de la cuenca del Tajo debe hacerse de forma objetiva y proporcionada, evaluando el impacto socioeconómico y ambiental de su aplicación, respetando los principios de concertación y participación pública y garantizando la coordinación entre los planes. Esto falta en la norma aprobada que, a juicio de la Comunidad, no ha tenido en cuenta el impacto social, económico y ecológico sobre la cuenca del Segura.
Metodología, procedimiento y criterios de la Administración del Estado
La impugnación planteada por parte del Gobierno regional no se refiere a la existencia ni alcance de la obligación de fijar un régimen de caudales ecológicos, sino sobre “la metodología, procedimiento y criterios que la Administración General del Estado ha seguido para hacerlo” y establece que dichos caudales deben determinarse en base a “criterios objetivos, una vez recabados los correspondientes informes técnicos, de forma proporcionada, evaluando el impacto socioeconómico y ambiental de su aplicación, respetando los principios de concertación y participación pública, garantizando la coordinación entre los planes y la compatibilidad con las normas específicas de aprovechamiento conjunto del Acueducto Tajo-Segura”.
La falta de seguridad jurídica es el tercer motivo por el que se solicita la nulidad del Plan del Tajo, dado que ignora los usos y demandas del Trasvase Tajo-Segura, obviando su correspondencia con los usos y demandas del Plan del Segura, cuya viabilidad pone en riesgo.
Por último, el recurso presentado por el Gobierno regional denuncia la falta de proporcionalidad, debido a que la norma aprobada no incluye en el Plan Hidrológico del Tajo las demandas del Trasvase y, por el contrario, fija el régimen y valores de caudales ecológicos sin presupuesto justificativo de interés general y sin aval científico. Es más, existe una subestimación de las demandas de la cuenca receptora (la del Segura) y una sobrestimación de las disponibilidades en la cedente (la del Tajo).
El resultado es “la aprobación de unos planes contradictorios, basados en valores irreales y contrarios a las reglas de aprovechamiento conjunto del Trasvase Tajo-Segura”, señala el recurso presentado ante el Tribunal Supremo, que también advierte de que se pone en riesgo la sostenibilidad de los aprovechamientos en el ámbito del Acueducto Tajo-Segura, con el consiguiente perjuicio para la agricultura.
Concluye el recurso que las consecuencias “van más allá de los propios territorios directamente afectados, de forma que sus interrelaciones a gran escala resultan sensibles para el conjunto de la economía nacional, especialmente en lo relativo a sectores estratégicos como la agricultura de regadío y la producción de alimentos”.
Economía
La Región de Murcia creó 157 nuevas empresas de economía social en 2023
La Región de Murcia creó 157 nuevas empresas de economía social en 2023, de las que 125 corresponden a cooperativas y las 32 restantes a sociedades laborales. Estos datos convierten a la Región en la segunda comunidad autónoma que más cooperativas y más sociedades laborales creó el año pasado en relación con su población. Concretamente, en 2023 incrementó un 7 por ciento la cifra de cooperativas, el mejor dato de España sólo por detrás de Navarra, y aumentó casi un 2 por ciento el número de sociedades laborales, sólo superada por Galicia.
El consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, ha presentado hoy al Consejo de Gobierno el informe sobre la situación del sector de la economía social en la Región de Murcia, que hace balance del ejercicio pasado.
En concreto, en lo que se refiere a cooperativas, en 2023 la creación de este tipo de empresas se incrementó un 15,75 por ciento respecto al ejercicio anterior, con 125 nuevas entidades y un capital social de 1.311.440 euros. Prevalece la tipología del trabajo asociado (97,60 por ciento), y por pertenencia a sectores productivos, el 96 por ciento corresponde al sector servicios, frente al 1,60 por ciento que corresponde a la industria o construcción, o el 0,8 por ciento al sector de agricultura. Desde un punto de vista territorial, el municipio de Murcia ha sido el mayor receptor de este tipo de sociedades (42), seguido de Lorca (17) y Águilas (15).
En lo que respecta a las sociedades laborales, durante 2023 se crearon 32 nuevas sociedades laborales con un capital social que asciende a 1.127.683 euros, y que dan empleo a 78 personas. En cuanto a su pertenencia por sectores, prevalece el sector servicios con el 90,63 por ciento de las constituciones, seguido de industria (6,25 por ciento) y de construcción (3,13 por ciento). Por municipios, los Alcázares ha acogido el mayor número de sociedades laborales (12), seguido del municipio de Murcia (7) y Caravaca de la Cruz (3).
El informe también hace referencia a las empresas de inserción, que se mantienen en nueve entidades que han podido contratar a más de 80 personas en situación de exclusión social y a 20 trabajadores de acompañamiento gracias a las ayudas del Gobierno regional, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
El Gobierno regional lanzará en el primer trimestre de este año la convocatoria del programa de ayudas para este sector en 2024, a través de cinco programas dotados con un importe total de 6,1 millones de euros.
La Economía Social es un sector que se configura más que nunca como una solución estructural de salida de la crisis, con una cultura participativa ligada al territorio, creadora de empleos de calidad, que constituye un modelo de solidaridad y un espacio para la innovación social y tecnológica.
El Gobierno regional ha ejecutado ya el 95 por ciento de las medidas previstas en la Estrategia de economía social vigente, que abarca el periodo 2021-2024, y ha comenzado a trabajar en la nueva hoja de ruta para los próximos años, que se diseñará de la mano del sector.
Además, sigue modernizando todos los servicios a disposición de estas empresas. En esta línea, se ha digitalizado el Registro de Economía Social de la Región de Murcia, que permite a los interesados la consulta telemática de la documentación de las empresas que lo integran: sociedades cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción.
Función pública
La Comunidad autoriza el aumento del 0,5 por ciento de la retribución de los empleados públicos de la Administración regional
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa, ha autorizado el incremento salarial de los empleados públicos de la Administración regional en un 0,5 por ciento correspondiente a 2023, tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
Esta subida salarial se abonará en la nómina del mes de marzo y tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2023. El coste del abono de este incremento, que está contemplado en el presupuesto regional de 2024, ya que no es un dinero que aporte el Estado, asciende a unos 33,5 millones de euros.
Se trata del segundo aumento adicional del 0,5 por ciento en el salario de los funcionarios ligado a la evolución del crecimiento económico, ya que, según establecía el acuerdo del Estado con los sindicatos, este incremento se haría efectivo cuando el incremento del PIB nominal fuera igual o superior al que se recogía en el Presupuestos Generales del Estado 2023, tal y como ha ocurrido.
Por ello, este incremento del 0,5 por ciento se une al del 2,5 por ciento ejecutado a inicios del pasado año y al del 0,5 por ciento aplicado a finales de 2023. En total, un aumento del 3,5 por ciento de aumento salarial para el ejercicio pasado.
Sector primario
Apoyo económico para la celebración de las ferias Equimur y Sepor
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, sendas subvenciones por importe de 20.000 euros para la celebración de las ferias Equimur y Sepor, dos importantes citas del sector primario que se celebran en la Región de Murcia.
La primera de ellas en el calendario será Equimur, que se celebrará del 25 al 28 de abril de 2024, en IFEPA-Palacio de Ferias y Exposiciones de la Región de Murcia, en Torre Pacheco.
El objetivo fundamental de Equimur, considerado el mayor evento hípico que se celebra en la Región de Murcia, es la promoción y difusión del sector equino, tanto regional como nacional. Se ha consolidado como uno de los certámenes más importantes y prestigiosos que se incluyen en el Calendario de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.
La otra cita que recibirá ayuda por parte del Gobierno regional es la Semana Nacional de Ganado Porcino de Lorca, que celebrará su 57ª edición del 28 al 31 de octubre de 2024.
Sepor es la feria de referencia del sector ganadero, industrial y agroalimentario a nivel nacional e internacional. Es un punto de encuentro obligatorio de los sectores a los que representa, y centra sus esfuerzos en ayudar e informar a empresas, profesionales, técnicos, ganaderos y consumidores, gestionar posibles soluciones a los problemas del sector y vertebrar todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización.
Integración
Convenio con el Ayuntamiento de Cieza para la cesión de viviendas a familias en exclusión
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, ha dado luz verde a la suscripción de un convenio con el Ayuntamiento de Cieza para la cesión de seis viviendas destinadas a familias en situación de exclusión social y residencial.
Esta iniciativa se enmarca en el ‘Programa de Actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada’ (PARES), que incluye actuaciones cofinanciadas tanto por el FEDER como por el Fondo Social Europeo. El acuerdo regula la cesión gratuita al Ayuntamiento de la propiedad de las viviendas que la Consejería ha adquirido con cargo a fondos FEDER.
Las viviendas cedidas se destinarán al realojo de familias en riesgo de exclusión social o residencial que viven en asentamientos chabolistas y/o en infraviviendas en el municipio. Además, a través de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad se realizará un proceso de acompañamiento social a las familias para que el realojo se realice en las mejores condiciones de habitabilidad, así como facilitar su integración sociolaboral.
La Consejería de Fomento cederá gratuitamente al Ayuntamiento de Cieza la propiedad de las viviendas siempre que mantenga la finalidad de realojo de familias en riesgo de exclusión social o residencial cronificada incluidas en el programa PARES. Asimismo, entregará las viviendas en un correcto estado de habitabilidad y realizará reparaciones previas en caso necesario para su puesta en uso.
Por su parte, el Ayuntamiento de Cieza será el responsable de realojar en las viviendas cedidas a las familias en riesgo de exclusión procedentes del censo elaborado por el programa. También corresponde al Ayuntamiento la conservación y mantenimiento de las viviendas y sus instalaciones complementarias, excepto los daños que sus habitantes puedan producir por mal uso o falta de mantenimiento.
