Objeto:

1.- Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (Artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y disposición adicional segunda de la Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad):

Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, y quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que den ocupación a trabajadores por cuenta ajena para todos aquellos procedimientos administrativos relacionados directamente con el ejercicio de su actividad económica, quedan obligados a relacionarse con la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de medios electrónicos, al entenderse que tienen la suficiente capacidad económica para garantizarse el acceso y la disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

2.- Procedimiento de reducción del importe de las sanciones pecuniarias.

De conformidad con lo previsto en el artículo 85. 2 y 3 de la Ley 39/2015, y siempre que la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario de la sanción por el sujeto infractor con anterioridad a la resolución, dará lugar a una reducción del 20% sobre el importe de aquélla, e implicará la terminación del procedimiento.

En el supuesto de que el sujeto infractor haya reconocido su responsabilidad y haya manifestado su intención de realizar el pago de manera voluntaria, los porcentajes previstos en los párrafos anteriores se acumularán entre sí, alcanzándose una reducción del 40% del importe de la sanción propuesta.

En estos casos, el sujeto infractor deberá dirigirse al órgano instructor del expediente sancionador manifestando su reconocimiento de responsabilidad y/o voluntad de pagar la sanción con las reducciones precitadas.

Dicha solicitud deberá realizarse necesariamente a través de medios electrónicos, excepto las personas físicas que podrán elegir si presentan dicha solicitud a través de medios electrónicos o presencialmente de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015.

En la sede electrónica de la CARM: https://sede.carm.es  Código de procedimiento 2304, los interesados disponen del modelo normalizado de dicha solicitud.

Formulada la solicitud, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para resolver con la propuesta de sanción reducida correspondiente.

La propuesta de resolución será comunicada al interesado junto con el documento de pago de la misma. Este deberá, en el plazo de los diez días siguientes a la recepción de la propuesta de resolución y del documento de pago, hacer efectivo el mismo y justificarlo ante el órgano instructor del expediente sancionador.  Una vez justificado el pago, por el órgano competente para ello se dictará resolución del expediente sancionador.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera justificado el pago de la sanción, continuará el procedimiento sancionador perdiéndose la reducción o reducciones solicitadas, dictándose resolución confirmatoria de la sanción propuesta inicialmente en el acta de infracción.

Si en una misma acta de infracción se hubiesen acumulado varias infracciones pecuniarias, el sujeto responsable podrá reconocer su responsabilidad y/o comunicar su voluntad de pago de la sanción respecto a alguna de dichas infracciones y presentar alegaciones respecto de las restantes. En este caso, se aplicarán los porcentajes de reducción en las sanciones relativas a aquellas infracciones por las que hubiese reconocido su responsabilidad y/o se hubiese expresado su voluntad de pago y se continuará el procedimiento de manera ordinaria, sin aplicación de porcentajes de reducción, respecto al resto de infracciones, haciendo mención a este hecho en las propuesta de resolución.

En todo caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 85.3 de la Ley 39/2015 la efectividad de las reducciones señaladas en los párrafos anteriores estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier alegación o recurso en vía administrativa.

3.1.- Serán competencia de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, la instrucción y resolución de los siguientes expedientes sancionadores:

   - Por infracciones en materia de relaciones laborales, y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, previstas en el Capítulo II Secciones 1.ª y 4.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe de hasta 62.500,00 euros.

   - Por las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Capítulo II Sección 2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe de hasta 123.000,00 euros.

  - Por infracciones en materia de sociedades cooperativas, previstas en el Título II de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, para la imposición de sanciones de hasta 3.790,00 euros.

3.2.- Serán competencia de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, la instrucción de los siguientes expedientes sancionadores:

  - Por infracciones en materia de relaciones laborales, y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, previstas en el Capítulo II Secciones 1.ª y 4.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe superior a 62.500,00 euros y hasta hasta 187.515,00 euros.

  - Por las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Capítulo II Sección 2.ª del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con un importe superior a 123.000,00 euros y hasta 819.780,00 euros.

  - Por infracciones en materia de sociedades cooperativas, previstas en el Título II de la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia, para la imposición de sanciones desde 3.791,00 a 37.920,00 euros.

Destinatarios:

Tramitación inmediata:

Periodicidad:

Plazo de Presentación:

Unidad Orgánica Responsable (y código DIR3)

DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO (A14046235)

Resolución

Recursos

Normativa

• REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
• Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de Orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
• Decreto n.º 284/2008, de 19 de septiembre, por el que se regula la competencia para resolver los expedientes sancionadores sobre infracciones en el orden social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Decreto n.º 23/2011, de 25 de febrero, que modifica el Decreto n.º 284/2008, de 19 de septiembre, por el que se regula la competencia para resolver los expedientes sancionadores sobre infracciones en el orden social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Orden del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se determina el órgano instructor de los expedientes sancionadores por infracciones en el orden social, cuya competencia corresponde al titular de la Consejería competente en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), en materia de relaciones laborales y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, en materia de prevención de riesgos laborales, y en materia de economía social.
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.