05-11-2010
Referencia del Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy viernes, 5 de noviembre, el Decreto sobre Medidas de Simplificación Documental, que suprime la obligación de aportar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y hasta otros diez documentos más en todos los trámites que realicen los ciudadanos con la Administración regional.
Asimismo, el Ejecutivo murciano ha dado el visto bueno a la firma de un convenio entre la Comunidad y la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) para el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a aumentar la calidad en la gestión administrativa.
El Consejo de Gobierno ha aprobado además el proyecto de Ley de Modificación de la Regulación de los Tributos Propios de la Comunidad, que recoge las modificaciones de distintas tasas y mejoras de carácter técnico, después de completar los trámites pertinentes tras su aprobación como anteproyecto el pasado mes de julio.
Igualmente, el Gobierno regional ha autorizado el Decreto por el que se reunifica en un solo texto las distintas normativas sobre tributos cedidos.
- Administración pública
- Suprimida la obligación de aportar el DNI y hasta otros diez documentos en todos los trámites con la Administración regional
- Convenio con la Agencia Estatal de Evaluación para realizar actuaciones de gestión de calidad
- Hacienda regional
- Aprobado el proyecto de Ley de modificación de la regulación de los tributos propios de la Comunidad
- Aprobado el texto que refundirá la normativa regional en materia de tributos cedidos
Administración pública
Suprimida la obligación de aportar el DNI y hasta otros diez documentos en todos los trámites con la Administración regional
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto sobre Medidas de Simplificación Documental, que suprime la obligación de aportar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y hasta otros diez documentos más en todos los trámites que realicen los ciudadanos con la Administración regional.
Este Decreto tiene como objetivo reducir la carga burocrática que soporta el ciudadano, con el consiguiente ahorro de costes y la agilización de los procedimientos.
Esta medida, que entrará en vigor antes de que finalice el año, suprime la obligación de aportar, además del DNI, la tarjeta de identificación de extranjeros residentes en territorio español, así como los certificados de empadronamiento, de la Seguridad Social, del cumplimiento de las obligaciones tributarias, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, de alta laboral y de información catastral.
Tampoco será necesario aportar el título de familia numerosa, el de pensionista no contributivo ni la documentación sobre personas con discapacidad.
La información incluida en estos documentos, necesaria para la resolución de los trámites y procedimientos administrativos, será comprobada de oficio con la que obra en poder de la Administración regional o que pueda ser obtenida telemáticamente, salvo que su aportación sea obligatoria por una normativa específica aplicable al procedimiento en curso.
El Decreto también establece la creación del Catálogo de Simplificación Documental, que se publicará en el BORM y en la web de la Comunidad Autónoma (www.carm.es), y que relacionará los documentos que ya no tendrán que presentarse obligatoriamente ante la Administración, así como aquellos que podrán ser sustituidos por una Declaración Responsable.
Convenio con la Agencia Estatal de Evaluación para realizar actuaciones de gestión de calidad
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) para el desarrollo de actividades de gestión de calidad, la aplicación de políticas de excelencia en la Administración, la realización de estudios comparativos y la evaluación de programas y políticas públicas.
A través de este convenio, ambas administraciones compartirán un mismo método de trabajo, realizarán actividades de divulgación y formación en el ámbito de la gestión de calidad y aplicarán políticas de excelencia en la gestión. También se harán actuaciones de evaluación de servicios y procesos de trabajo para alcanzar mayor eficiencia, y se evaluarán las acciones desarrolladas.
El convenio permitirá que la Agencia Estatal de Evaluación inicie un proceso de formación de expertos en calidad y autoevaluación que podrán formar a otros para la efectiva implantación de sistemas de gestión de calidad y excelencia en los centros de la Administración Regional, incluidos los centros educativos.
Asimismo, también posibilitará la formación y habilitación de auditores que permitan a las instituciones públicas regionales disponer de un sistema de certificación propio sin necesidad de recurrir a entidades externas, con el consiguiente ahorro en términos económicos.
El convenio se enmarca en las acciones para la modernización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma que impulsa el Gobierno regional a través del Plan de Calidad y Modernización.
Hacienda regional
Aprobado el proyecto de Ley de modificación de la regulación de los tributos propios de la Comunidad
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de Modificación de la Regulación de los Tributos Propios de la Comunidad, una vez que ha sido dictaminado favorablemente por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia. El proyecto incluye modificaciones en el canon de saneamiento de aguas y de otras tasas de diversa índole, así como mejoras de carácter técnico en la regulación de los impuestos medioambientales.
A pesar de que este año no se tramitó una Ley de Acompañamiento o Ley de Medidas, que complementa a la de presupuestos anuales, era necesario incorporar medidas tributarias de carácter permanente en el ámbito de los tributos propios que carecen de habilitación en la Ley de Presupuestos, razón por la cual se ha elaborado un texto normativo singular para estas modificaciones tributarias.
El documento incorpora modificaciones en la regulación del canon de saneamiento, cuyo rendimiento se destina a la financiación de los gastos correspondientes a las infraestructuras públicas de saneamiento y depuración, política que tiene la máxima prioridad para el Gobierno regional y que ha conseguido situar a la Comunidad a la cabeza en el tratamiento, depuración y reutilización de las aguas a nivel nacional y europeo.
Además, se regulan determinadas tasas con el fin de incorporar a la normativa autonómica en materia de tasas a la estatal que se aplicaba supletoriamente desde el traspaso de competencias. En otras, se introducen mejoras técnicas y se suprimen o introducen nuevos hechos imponibles y exenciones, en función de los servicios que se prestan efectivamente a los ciudadanos.
Por último, se introducen mejoras de carácter técnico en la regulación de los impuestos medioambientales, en concreto en el impuesto sobre residuos, para el que se precisa el alcance del impuesto aplicable a los residuos procedentes de la minería y se refuerza la seguridad jurídica y las garantías de los contribuyentes, al desarrollar el procedimiento y las técnicas de medición del volumen y peso de los residuos.
Aprobado el texto que refundirá la normativa regional en materia de tributos cedidos
El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al Decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en la Región en materia de tributos cedidos. Se reunifica así en un cuerpo legal la dispersa normativa que se ha ido generando a lo largo de los años en este ámbito, con la finalidad de reforzar la seguridad jurídica de los contribuyentes y la aplicación de las normas autonómicas.
Dicha refundición estaba establecida en La Ley 13/2009 de Medidas en Materia de Tributos Cedidos, Tributos Propios y Medidas Administrativas para el año 2010, o Ley de Acompañamiento.
El texto reúne la normativa referente a los tributos sobre el Juego, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.