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18/04/2021

40 familias ya son propietarias de las viviendas sociales donde residen desde hace 25 años

Esta semana ocho nuevas familias son titulares de pleno derecho de su hogar y pueden dedicar el dinero del alquiler a otras necesidades básicas

El director general de Vivienda, José Francisco Lajara, durante la firma de las escrituras de una vivienda social que pasa a ser de una familia que...

El director general de Vivienda, José Francisco Lajara, durante la firma de las escrituras de una vivienda social que pasa a ser de una familia que ha residido en ella durante los últimos 25 años (1)

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Un total de 40 familias de la Región de Murcia ya son propietarias de las viviendas sociales donde residen desde hace 25 años gracias a la medida impulsada por el Ejecutivo regional con el objetivo de que puedan destinar la renta del alquiler social, que abonaban mensualmente a la Administración regional, a otras necesidades básicas.

El director general de Vivienda, José Francisco Lajara, presidió esta semana la firma de ocho nuevas escrituras, que se suman a las 32 que se han realizado desde el pasado mes de diciembre y que posibilitan que esas familias adquieran la titularidad de sus hogares para garantizar así su permanencia en ellos.

“Esta semana ocho nuevas familias de Abarán, Archena, Bullas, Cehegín, Fortuna, La Unión, Las Torres de Cotillas y Molina de Segura ya son titulares de pleno derecho de su hogar”, manifestó el director, que destacó “el esfuerzo realizado para abonar el alquiler social de estas viviendas durante 25 años”.

Lajara afirmó que la adquisición voluntaria de estos inmuebles se puso en marcha por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de coronavirus, “para aliviar de la carga mensual del alquiler y mejorar la economía doméstica de estas personas, que tienen ingresos muy limitados y en muchas ocasiones son personas mayores jubiladas”.

Los beneficiarios de esta medida son aquellas familias que llevan pagando el alquiler de viviendas sociales del parque regional durante más de 25 años. Además, se reduce ese límite a diez años para víctimas de violencia doméstica, víctimas del terrorismo, parados de larga duración de más de 50 años, familias numerosas, monoparentales o con alguna persona con discapacidad.

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