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Contratación Pública

Concepto

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, o bien, acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato, o bien, acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

La clasificación no es exigible ni aplicable para los demás tipos de contratos. Los requisitos específicos de solvencia exigidos se indicarán en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y se detallarán en los pliegos del contrato.

La Junta Regional de Contratación Administrativa otorga la clasificación a las empresas a través de un órgano especializado por delegación permanente de aquella, la Comisión de Clasificación, correspondiendo a la Secretaría de la Junta la tramitación del expediente de solicitud de clasificación y la elaboración de la correspondiente propuesta del acuerdo a adoptar por la mencionada Comisión.
La clasificación de las empresas se hará con arreglo a sus características fundamentales determinadas según lo establecido en los 77 a 83 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y 25 a 49 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, e indicará la categoría de los contratos a cuya adjudicación pueda concurrir u optar por razón de su objeto y la cuantía de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 82 de la LCSP, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su clasificación, estando sujeta la conservación de la misma a la justificación periódica de la solvencia económica y financiera (anualmente) y técnica (cada tres años), aportando para ello la documentación correspondiente.

La clasificación empresarial se expresa mediante tres conceptos: el grupo (que es una clasificación general de actividades), el subgrupo (que es una subdivisión dentro de un grupo general de actividades) y la categoría (que indica el límite máximo económico al que podrá licitar la empresa de acuerdo con la anualidad media del contrato).

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