El Consejo de Gobierno ha abierto hoy viernes, 30 de agosto, el curso político con su habitual reunión semanal en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano.
En su reunión, el Consejo de Gobierno ha conocido el informe de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno murciano interpondrá, tal como anunció el presidente de la Comunidad, contra la nueva normativa que modifica el régimen del sector eléctrico y que afecta a los inversores en instalaciones de energías renovables en la Región de Murcia.
Asimismo, el Consejo de Gobierno ha analizado el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia sobre la resolución del contrato de la actual sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
Igualmente, el Ejecutivo regional ha abordado, entre otros asuntos, las obras que se están ejecutando durante el verano para mejorar las instalaciones de los centros escolares y que estarán listas para el inicio del curso 2013-2014, así como las actuaciones de emergencia y seguridad ciudadana desarrolladas en la Región.
El Gobierno regional avanza en la elaboración del recurso de inconstitucionalidad contra la reforma del sector eléctrico
El Consejo de Gobierno ha conocido el informe de la Consejería de Industria, Empresa e Innovación sobre el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno murciano interpondrá contra la nueva normativa que modifica el régimen del sector eléctrico, y específicamente el de las energías renovables, y que se ha tramitado de forma urgente durante el mes de agosto con el fin de defender los intereses de los miles de inversores a los que afectará esta nueva regulación.
Según este informe, en cuya elaboración se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por los representantes del sector de las energías renovables, con los que el Ejecutivo murciano ha estado en permanente contacto, la normativa que regula las instalaciones de producción eléctrica mediante fuentes renovables ha sido alterada con carácter retroactivo, lo que ha afectado gravemente a la seguridad jurídica y las legítimas expectativas de los inversores.
El principal argumento del recurso de inconstitucionalidad es la vulneración del principio de seguridad jurídica, al considerar “lo inestable de las regulaciones sobre las primas, ajenas a la planificación existente, su carácter imprevisible y sorpresivo, y el grave atentado a la confianza legítima que suponen, cuantificable en un perjuicio de naturaleza económica, pues probablemente ningún ciudadano habría invertido en estas tecnologías de conocer los cambios normativos que le depararían”.
Según consta en el informe, en el año 2007 la normativa “incentivaba la inversión a largo plazo en instalaciones de renovables, atrayendo las inversiones, no solo nacionales sino también de numerosos fondos internacionales”, que ahora se ven perjudicados.
El recurso también denuncia la vulneración del principio de igualdad, pues esta norma “discrimina negativamente a la producción eléctrica mediante renovables en relación con el resto del sistema de producción de energía eléctrica”.
Asimismo, se consideran quebrantados otros principios constitucionales como el de irretroactividad, pues se prevé la posibilidad de que “resulte la obligación de devolver cantidades percibidas por los inversores (desde el punto de vista contable)” al extenderse los efectos de esta nueva norma “a lo largo de la vida regulatoria de las instalaciones”.
Según el informe definitivo, esta norma también habría vulnerado el principio del sometimiento del poder público al ordenamiento jurídico y el de legalidad. En este apartado, el texto del informe señala que, con la aprobación de esta norma, el Estado español estaría vulnerando diversos acuerdos internacionales, como el Tratado sobre la Carta de la Energía en el que se establece que los países que lo integran “fomentarán y crearán condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores (extranjeros) realicen inversiones en su territorio”.
Asimismo, señala a continuación que, tras haber incumplido sus obligaciones con los inversores extranjeros, el Estado español podría verse sometido a un arbitraje internacional y ser condenado al pago de elevadas indemnizaciones.
Por último, se hace referencia a la improcedencia de la aprobación de esta norma mediante un Real Decreto-Ley, una norma que tiene menos controles parlamentarios que una Ley, ya que sólo se debe recurrir a este tipo de tramitación en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, lo que no se encuentra justificado en este caso.
Esta propuesta de acuerdo se someterá a la consideración definitiva del Consejo de Gobierno una vez recibido el dictamen de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad.
El Gobierno regional analiza el dictamen del Consejo Jurídico sobre el Aeropuerto regional
El Consejo de Gobierno ha analizado el dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia sobre la resolución del contrato de la actual sociedad concesionaria del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
El Consejo Jurídico ha remitido a la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio este dictamen, en el que da la razón a la Comunidad Autónoma al considerar que la concesionaria ha incumplido el contrato.
En concreto, dictamina de forma favorable sobre la propuesta de resolución del contrato por incumplimiento imputable a la concesionaria de la obligación de poner esta infraestructura en marcha dentro de los plazos contratados.
Asimismo, el Consejo Jurídico se ha mostrado a favor en cuanto a la incautación de la garantía definitiva y también dictamina en este sentido en cuanto a la propuesta de resolución sobre la iniciación de un procedimiento para el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Comunidad por la resolución del contrato.
Tras este dictamen favorable, que da la razón al Gobierno regional, el expediente seguirá su curso, con el objetivo único de poner en marcha el aeródromo con todas las garantías legales, económicas y de funcionamiento necesarias, al tratarse de una infraestructura básica y esencial para la Región de Murcia.
Las obras de mejora en los centros escolares estarán listas para el inicio de las clases
El Consejo de Gobierno ha abordado las obras que está ejecutando durante el verano la Consejería de Educación, Universidades y Empleo para mejorar las instalaciones de los centros escolares y que estarán listas para el inicio del curso 2013-2014.
En concreto, la Comunidad ejecuta una treintena de obras en distintos centros escolares, de las que más de la mitad ya han sido concluidas. El resto están en su recta final y se realiza un seguimiento de las mismas para asegurar que el curso escolar se inicie sin ninguna incidencia.
El presupuesto de estas actuaciones, que abarcan la creación de nuevas aulas y la mejora de accesos y otras instalaciones complementarias en colegios e institutos, es de cerca de 800.000 euros.
La treintena de centros educativos en los que se están efectuando estas mejoras están ubicados en Abarán, Alhama de Murcia, Águilas, Alcantarilla, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Cieza, Jumilla, La Unión, Lorca, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras y Totana. Estas actuaciones están siendo ejecutadas por empresas de la Región, lo que contribuye al mantenimiento de medio millar de empleos directos.
Lorca
Asimismo, la Consejería también informó sobre el inicio en el mes de agosto de las obras de los institutos de Enseñanza Secundaria Ramón Arcas Meca y Francisco Ros Giner de Lorca, que tuvieron que ser demolidos por los graves daños ocasionados por los seísmos.
El objetivo es que estas infraestructuras educativas, que amplían y mejoran las que existían, estén finalizadas para el próximo curso 2013-2014. El precio de licitación de ambas infraestructuras era algo inferior a los nueve millones de euros, ya que fueron adjudicadas por casi seis.
El curso escolar comienza en Primaria el próximo 9 de septiembre, en Secundaria el 16 y en Formación Profesional el 19.
