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Presidente

Conferencia "Estados y desafíos generales" pronunciada en la Universidad de Verano de El Escorial (28/07/2010)

 

Hace sesenta y cinco años, el mundo entero estaba conmocionado por el horror de una contienda, la Segunda Guerra Mundial, que había dejado millones de muertos a lo largo de todo el planeta.
Así, los representantes de cincuenta y una naciones se reunieron en los Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, donde un 26 de junio de 1945 firmaban la Carta de las Naciones Unidas, un documento que comenzaba con una excelente declaración de intenciones:

“Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra […], a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, […] hemos decidido unir nuestros esfuerzos para realizar estos designios.”

No era, ciertamente, aquel el primer intento de constituir un organismo internacional que integrara a las Naciones del Mundo. También a raíz de una Guerra Mundial, la primera, se había creado una entidad, la Sociedad de Naciones, un experimento fallido por lograr la concordia entre los Estados y ejercer un papel coordinador y de impulso en las cuestiones internacionales.

Sin embargo, hoy, cuando ya nos adentramos en la segunda década del siglo XXI, sería un tremendo error por nuestra parte plantear la colaboración internacional, los retos supranacionales de los Estados, como algo circunscrito en exclusiva a cuestiones de paz, al arbitrio en conflictos de seguridad, a la participación incluso en organismos internacionales.

Los Estados afrontan en el día a día aspectos de muy diversa índole. Cuestiones que superan prácticamente en su totalidad la perspectiva nacional, el enfoque interno de los asuntos.
Vivimos en un mundo global, pero no sólo en la relación entre naciones, sino en los más diversos aspectos de la vida cotidiana de las personas. Cuestiones económicas, sociales, laborales, de desarrollo agrario, industrial o de comunicaciones son ya de ámbito supranacional, tanto en su planteamiento como en las medidas que deben plantearse para abordarlas.

Por ello, el papel de los Estados –y el de la Sociedad en su conjunto- aborda hoy como no lo ha hecho nunca nuevos desafíos, nuevos retos que precisan fórmulas de colaboración y de trabajo totalmente diferentes o, al menos, en las que el ámbito de las actuaciones ha cambiado y donde las fronteras son, cuanto menos, mucho más permeables que hace unas décadas.

Hoy se mantienen retos globales que podríamos denominar “históricos”, como los referidos de paz y seguridad, pero junto a ellos no podemos olvidar otros que constituyen igualmente desafíos fundamentales para nuestra sociedad: la lucha contra el hambre, el cambio climático, la seguridad energética, la sanidad, la educación… De igual modo, abordar la nueva gobernanza mundial y la crisis de la gobernanza global: crisis financiera y económica, el surgimiento de nuevas potencias mundiales, etcétera.

Las amenazas, los retos comunes, precisan respuestas conjuntas. Se requiere una nueva forma de política exterior, de relaciones internacionales, un verdadero valor añadido a la acción individual de los Estados.

No podemos escudarnos en los tratados, en las organizaciones internacionales como una forma de eludir nuestra obligación en el día a día. No podemos ver éstos como un escalón burocrático o administrativo, sino como un escenario de normalidad cotidiana, de acción directa y permanente en colaboración dentro de un mundo que está más allá de las fronteras.

Con todo, las estructuras son imprescindibles. Su adecuada configuración es la que ha de permitir la fluidez, la capacidad de reacción inmediata, la eliminación de los problemas derivados de la legítima –y necesaria- visión propia de cada uno de los Estados, pues no se trata de eliminar éstos ni de imponer unos determinados posicionamientos, sino de construir éstos desde la suma de todos.

Por ello, existen numerosas fórmulas de colaboración entre Estados que han de ser tenidas en cuenta, desde las bilaterales, los Tratados Internacionales o las organizaciones que integran éstos. Cada una en su papel perfectamente diseñado, pues –repito- sólo un adecuado marco permitirá la acción de las naciones.

Y en este punto, quiero remarcar la necesidad de abandonar posicionamientos permanentemente revisionistas. No podemos inventar nuevas fórmulas cada día, ni destinar el mayor de los esfuerzos al diseño de los escenarios de colaboración. Es preciso que antepongamos los retos de las personas a la creatividad institucional, a las controversias sobre competencias, a la interpretación de las normas.
Debemos contar con instituciones eficaces, sí, y confiar en ellas para demandar una actuación que repercuta verdaderamente en la mejora de las condiciones de vida de las personas.

En este ámbito, considero fundamental el papel que ha desarrollado la Unión Europea. Ésta ha sido un ejemplo constante a la hora de ofrecer respuestas comunes a retos globales, con una gobernanza propia.

Por ello, desde mi experiencia y mi participación en la misma, me referiré a la relevancia de esta Unión, a cómo desde sus origen ha sabido ser cauce de actuación de las naciones que la integran y ha permitido a éstas abordar importantes retos de toda índole.

Desde su ilusionante y esperanzador punto de partida, hace más de medio siglo, los acuerdos alcanzados por las naciones que integran la Unión Europea han marcado la pauta de desarrollo de ésta. Un repaso histórico a los tres grandes tratados y los objetivos políticos que se abordan en ellos, Roma (1957), Maastricht (1992) y Lisboa (2007), sirve como muestra de una evolución que va mucho más allá de lo económico.

Así, cuando a raíz del Tratado de Roma se creó el entonces denominado Mercado Común, el planteamiento filosófico de origen supera el mismo concepto comercial cuando en el artículo 2 de aquel documento ya se fija como objetivo “la progresiva aproximación de las políticas económicas de los estados miembros, un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más estrechas entre los Estados que la integran”.

Europa comienza a trabajar unida. No podemos olvidar que nuestro continente venía de una Guerra devastadora, que sus estados habían sido aliados unos, rivales otros. Y sin embargo, sabían que la superación de la profunda crisis que vivían pasaba ineludiblemente por la cooperación, en un principio económica, más adelante en materias de seguridad, de política exterior,…

Se daban pasos hacia la unión, que se materializarían, a raíz del Tratado de Maastricht en 1992 en la adopción de una Política Exterior y de Seguridad Común, así como en notables avances en asuntos de Interior y Justicia. Aspectos en los que se han presentado retos de gran calado y donde aún es necesario profundizar en la adopción de posicionamientos comunes.

No es posible abordar los retos que se plantean en este ámbito sin unidad, sin un discurso común, sin una acción coordinada y sin resquicios.

Hoy Europa es una realidad y la Unión Europea es el camino imprescindible que debemos recorrer para alcanzar mayores cotas de progreso. No basta con tener una moneda única, o con los avances que plantea el Tratado de Lisboa. Europa ha de ser fuerte, y ha de serlo desde el esfuerzo conjunto de las naciones que la integran, un esfuerzo de doble dimensión: la interna, la que hará más fuerte y avanzada a la Unión, a las naciones que forman parte de ésta, y la externa, donde no sólo es cuestión de firmeza, sino también de solidaridad y efectividad.

Así, me gustaría destacar brevemente los cuatro bloques en los que se plantean los retos de la Unión Europea para los próximos años en este ámbito:

Una Política comercial común en la que abordar desde el origen las relaciones de la UE con el resto del mundo. La Globalización existe, y los beneficios de ésta deben ser accesibles tanto para las naciones europeas como para los países en desarrollo. Pero ello obliga a contar con unas normas adecuadas en coordinación con organismos multilaterales implicados.

De igual modo, es fundamental llevar a cabo una Política de Cooperación al Desarrollo, en la que los países menos desarrollados puedan controlar su propio progreso y contar con alimentos, con agua potable, con servicios básicos para sus ciudadanos como la educación o la sanidad, tal y como marcan los Objetivos de Desarrollo del Milenio. E igualmente que éstos tengan un mejor acceso al mercado de la UE, al desarrollo de su comercio exterior, a la atracción de inversiones. No podemos olvidar que hoy, la Unión Europea es el mayor de los donantes internacionales en ayuda oficial al desarrollo. Si queremos una Europa desarrollada, fuerte y solidaria, debemos contribuir a que el resto del mundo también consiga sus objetivos de progreso.

Y lógicamente, es preciso contar con una Política de vecindad, con el reforzamiento de las relaciones de la Unión con las naciones que nos circundan por el este y el sur (mediterráneos). Unas relaciones que, sin duda alguna, reportan notables ventajas de cara al mercado interior y comerciales. Porque el desarrollo de una economía de mercado está íntimamente ligada al progreso, al bienestar. En definitiva: más desarrollo y más estabilidad es igual a más seguridad.

Por eso, el nuevo Tratado de Lisboa no busca sino afianzar a Europa en el mundo, algo que se obtendrá desde la mayor unidad entre los Estados miembros, contando así con un mayor peso político internacional, y posibilitando estrategias más integradas y coherentes: más efectividad.
Europa debe tratar de hablar con una sola voz para ser fuerte en el escenario internacional. Y este ambicioso objetivo conlleva el esfuerzo conjunto, y en ocasiones generoso, de los distintos países que la conforman, en nombre de la solidaridad de la UE.

Efectivamente, las amenazas y los retos comunes requieren respuestas conjuntas y coordinadas. Y considero que en este marco de coordinación no deben estar únicamente los Estados. Siempre asegurando un valor añadido, bajo una coordinación eficaz, deberíamos identificar los diferentes agentes implicados e incorporarlos oficialmente a la “gobernanza” de la acción exterior,
Y es aquí donde me gustaría introducir el valor añadido de las regiones, convencido de que más región no es menos Estado.

La acción de los entes regionales se justifica sobre la base de los principios de coordinación, descentralización y subsidiariedad. Y siempre con el objetivo de optimizar la eficacia, allí donde la acción de las regiones –insisto- suponga un valor añadido, y, en todo momento, repito, bajo una acción coordinada y coherente de los Estados, y organismos supranacionales.

Se trata de aplicar el principio de la Gobernanza multinivel, concepto que el Comité de las Regiones de la Unión europea entiende como la acción coordinada de la Unión, los Estados miembros y los entes regionales y locales, basada en la asociación y destinada a elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea.

La aplicación de la gobernanza multinivel se basa en el respeto al principio de subsidiariedad, que garantiza que las políticas sean concebidas y aplicadas en el nivel más apropiado.

El Informe del Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa, presentado ante el Consejo europeo del pasado mes de junio, defiende el sistema de "gobernanza multinivel", por el que las competencias se comparten –en lugar de dividirse- en varios niveles de poder.

Y me gustaría citarles algunos casos concretos de una acción eficaz en el marco de este sistema de gobernanza.

El ejemplo más claro lo encontramos en el papel de los entes regionales y locales en materia de Cooperación al Desarrollo. El reconocimiento de la contribución de las autoridades locales a la cooperación al desarrollo ha ido aumentando en los últimos años.

En 1992, la Conferencia de Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, más conocida como la Conferencia de Río, ya establecía formalmente la importancia de la contribución de las ciudades y de las regiones en la puesta en marcha de las políticas de desarrollo sostenible con la Agenda 21 local señalando lo siguiente: “[...] Las autoridades locales... en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo sostenible.”

En el ámbito de la Unión europea también se ha producido, a lo largo de los años, un reconocimiento explícito del papel de los entes locales y regionales en materia de desarrollo.
En 2008, la Comisión europea publicaba una Comunicación titulada ‘Las autoridades locales: agentes del desarrollo’.

La Comisión considera que las autoridades regionales aportan un plus a los procesos de desarrollo por tres motivos principales:
- su capacidad para movilizar a las partes interesadas y conseguir que trabajen conjuntamente, así como para sensibilizar a la opinión pública;
- su conocimiento de las necesidades de las poblaciones y su experiencia en sectores que favorecen la reducción de la pobreza (urbanización, agua y saneamiento, etc.);
- y su experiencia directa en el desarrollo territorial.

Así, vemos cómo el carácter multilateral tradicional, caracterizado por la colaboración entre los Gobiernos nacionales y los organismos internacionales, evoluciona y se enriquece gracias a la colaboración sistemática de las entidades territoriales. La gobernanza multinivel puede ofrecer un enfoque territorial a las estrategias de desarrollo –a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio– y, en ocasiones, puede superar los límites que imponen enfoques demasiado centralizadores y verticales.

De hecho, se podría decir que la experiencia de los niveles de gobierno subnacionales constituye un valor añadido para la cooperación política en el marco de la acción exterior de la Unión Europea, e incluso podría salvar obstáculos políticos.

Como ejemplo, un caso muy reciente en el que estoy directamente implicado:

En el marco de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) –marco institucional de los entes locales y regionales en la Unión para el Mediterráneo (UpM)– fui designado ponente del Dictamen sobre gestión local del agua, que constituirá la contribución de los entes locales y regionales a la Estrategia Euromediterránea del agua de la UPM.

Se da la circunstancia de que la Cuarta Conferencia ministerial euromediterránea sobre el agua, celebrada en Barcelona el pasado 13 de abril, no pudo adoptar sus conclusiones sobre la estrategia del agua, como todos esperábamos. Discrepancias sobre la denominación de los territorios palestinos ocupados impidió un acuerdo sobre la Estrategia para el Agua.

Pues bien, pese a lo anterior, tengo el propósito de conseguir el consenso en torno a las cuatro prioridades temáticas identificadas: Gobernanza del agua; Adaptación al cambio climático; Gestión de la demanda; y Financiación del agua.

Así pues, desde el ámbito de nuestras competencias, vamos a tratar de reforzar el diálogo en la región euromediterránea y promover el relanzamiento de la aprobación de la Estrategia euromediterránea del agua, y al mismo tiempo, elaborar propuestas concretas en torno a las prioridades temáticas identificadas.

Como ven, la ARLEM supone un instrumento que permite a las regiones aportar un valor añadido, en el marco de la Unión por el Mediterráneo, en este caso, además, en relación al gran reto global que, indudablemente, requiere de una respuesta conjunta, como es la gestión del agua.
Por otro lado, no se debe menospreciar el papel fundamental que los entes regionales y locales pueden representar en el fortalecimiento de la gobernanza y de la democracia local, en los servicios públicos y en la ordenación territorial regional. Muchos países socios de la UE han iniciado procesos de descentralización, con la ayuda de las entidades locales y regionales europeas, a través del Comité de las Regiones de la UE.

Los hermanamientos y los programas de cooperación de las regiones fronterizas se han convertido en una herramienta esencial del proceso de adhesión y de preadhesión de la UE, así como en el marco de la política europea de vecindad.

Un último ejemplo podemos encontrarlo en el llamado Pacto de los Alcaldes: un compromiso de las ciudades y regiones europeas firmantes para ir más allá de los objetivos de la política energética de la UE en cuanto a la reducción de emisiones de CO2 mediante una mayor eficiencia energética y la producción y empleo de energía más limpia.

Las regiones, al igual que los municipios, son agentes clave en el campo de la energía, ya que tienen responsabilidades en numerosas actividades relacionadas con la planificación, los permisos, la inversión, la adquisición, la producción y el consumo. Por ello, es necesaria una directa y comprometida implicación de todos los que sean competentes en materia de gestión energética.

Y además de esta dimensión europea, nos lo hemos planteado como una gran oportunidad para desarrollar una mayor asociación con países fuera de la UE. Ya se han desarrollado desde el Comité de las Regiones diferentes actuaciones para alcanzar un acuerdo de colaboración en este sentido con la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. Paralelamente, estamos creando, en colaboración con la Comisión Europea, un portal para la cooperación descentralizada con el objetivo de promover proyectos entre autoridades locales de la UE y países en desarrollo.

Queridos amigos, como ven no es sólo Economía. En un momento como el actual, en que una crisis económica sacude al mundo entero, no debemos descuidar otros aspectos, porque no se trata sólo de superar la crisis, sino de hacerlo para volver a crecer. De saber a dónde queremos ir, cual es el camino que queremos recorrer.

Hoy el mundo se enfrenta a retos que en muchos casos son diferentes a los de hace décadas, y de igual modo, en unos años habremos de hacer frente a otros que aún no constituyen una prioridad.
Y sólo desde la fortaleza de los Estados, desde la unidad, desde el diseño y el desarrollo de instituciones fuertes, podremos hacer frente a los desafíos que se nos presenten.
Y nuestro mayor reto ha de ser el ciudadano. Saber anteponer a éste a conceptos macroeconómicos o de alta política. Saber que el bienestar de cada persona, su calidad de vida, su dignidad, siempre ha de ser lo primero.

No debemos caer en el error de confundir el desarrollo de las instituciones con el de las naciones.
No podemos destinar todos los esfuerzos de los Estados a hablar de normas, de estatutos, de competencias, si, mientras, el ciudadano nos pide otra cosa. Y generalmente es así.

En España, a lo largo de los últimos seis años hemos visto cómo es posible centrar el debate político de forma permanente en aspectos que no constituyen una prioridad para los españoles.

Alejar al político del ciudadano degrada a las instituciones, las hace lejanas e inútiles. Y genera una desconfianza y una falta de participación que no ayudarán a afrontar con la fortaleza necesaria los retos que hoy se abren ante nosotros.

Confiemos en la persona, trabajemos por ella, hagamos unas instituciones creíbles y contemos con cada ciudadano. Tal y como dijo Ronald Reagan: “no existen límites al crecimiento, porque la capacidad humana de inteligencia, imaginación y asombro no tiene límites."

 

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