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El objetivo de la nueva Ley de Patrimonio, que entrará el vigor el 7 de mayo, es proteger, enriquecer, investigar y difundir el legado cultural de la Región, y en ella se incluyen, entre otras novedades, el acervo etnográfico, arqueológico y paleontológico.

La regulación también endurecerá los controles sobre el desarrollo urbanístico y establecerá duras sanciones para quienes dañen, o sólo modifiquen, bienes protegidos. Su cuantía, para las infracciones muy graves, oscila entre los 200.001 euros y el millón.

El artículo 14 de la norma establece que, con sólo iniciarse el procedimiento para declarar un inmueble de interés cultural, de forma automática se suspenderán aquellas licencias urbanísticas que le afecten. Además, la declaración de ruina o la simple incoación del expediente que la declara será suficiente «para la expropiación forzosa del inmueble afectado», siempre que se considere de interés cultural.

La ley es tan precisa y contundente que hasta prohíbe la demolición «cuando la declaración de ruina sea consecuencia del incumplimiento de deberes de conservación». Y el artículo 36 aclara que, en ningún caso, la demolición de un bien de interés cultural «podrá dar lugar a un mayor aprovechamiento urbanístico».

Cuando un inmueble sea declarado bien de interés cultural también habrá que adaptar el planeamiento urbanístico de su entorno, en un plazo no superior a dos años desde la declaración. Por otro lado, la legislación establece la protección del entorno de los monumentos, donde no se podrá alterar el valor paisajístico y arquitectónico.

Los ayuntamientos quedarán obligados a redactar planes especiales u otros instrumentos de planeamiento urbanístico para garantizar conjuntos o sitios históricos, zonas arqueológicas, paleontológicas o lugares de interés etnográfico. Y sólo tendrán dos años de plazo desde que Cultura apruebe la declaración.