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13/05/2020

Más información (2) / Medidas del Gobierno regional ante el coronavirus

Cultura y Hacienda lanzan dos líneas de financiación para inversiones o gasto corriente de las industrias culturales y creativas

Una de las líneas es con coste cero y hasta 30.000 euros y la otra alcanza 75.000 euros y condiciones preferentes, con menores costes e intereses que el mercado de crédito tradicional o el ICO

La Comunidad Autónoma ha puesto a disposición de autónomos, micropymes y pymes de las industrias culturales y creativas dos líneas de financiación para gasto corriente e inversiones a coste cero o con unos costes inferiores a los que ofrece el mercado financiero tradicional y el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

En concreto, esta acción del Plan CREA de apoyo a las industrias culturales y creativas pone ya a disposición del sector cultural 700.000 euros a coste cero y otro medio millón de euros, que podrá ser ampliado hasta dos millones conforme se agote esta partida inicial acordada entre la Consejería de Presidencia y Hacienda mediante su Línea Reactiva y la Consejería de Educación y Cultura, y que han sido diseñadas por el Instituto de Crédito y Finanzas (ICREF) y el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, con la colaboración de Avalam.

El director general del ICA, Juan Antonio Lorca, indicó que “atendiendo a las demandas que nos llegan, ya hemos comenzado con medidas inmediatas de apoyo que al sector cultural y que se completarán con el resto de acciones que diseñaremos en las comisiones del Plan CREA con representantes de las industrias culturales y creativas, diseñadas y adaptadas a las necesidades concretas y reales de los profesionales de la Región de Murcia”.

En cuanto la Línea Reactiva de la Consejería de Presidencia y Hacienda para el Plan CREA de la Consejería de Educación y Cultura, el importe de los préstamos será de 15.000 a 30.000 euros para financiar inversiones o dotar de liquidez, destinándose 700.000 euros. El coste es cero para el autónomo o micropyme del sector cultural, ya que el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes se hará cargo del 0,75 por ciento del coste del aval; el 1,25 por ciento de interés; el 0,25 por ciento de la comisión de apertura; y el 0,25 por ciento de comisión de estudio de Avalam.

Además, la Línea Reactiva ofrece un plazo de amortización de entre tres y cinco años, con posibilidad de un año de carencia y coste cero en la comisión de cancelación anticipada.

La otra línea de financiación para autónomos, micropymes y pymes culturales del ICA con el ICREF ofrece créditos para proyectos de inversión y necesidades de capital circulante de hasta 75.000 euros, con un presupuesto de partida de medio millón de euros ampliable a dos millones. En tipo de interés es Euribor más el 1,5 por ciento.

Asimismo, se ofrece la posibilidad de hacer la amortización de forma mensual, trimestral o semestral y la comisión de apertura es del 0,5 por ciento. El periodo de pago es de cinco años, incluidos hasta dos años de carencia, lo que supone que se puede estar hasta dos años sin abonar cuotas y centrar la amortización del préstamo en tres años.

“Estamos ante dos líneas de financiación muy ventajosas, con comodidades de carencia y de amortización muy atractivas y que está por debajo de las condiciones que un autónomo, micropyme o pyme puede encontrar en el mercado financiero convencional o los que se ofrece por el ICO”, apuntó Lorca.

La solicitud de financiación de la Línea Reactiva se puede realizar en las entidades financieras colaboradoras de la Línea Reactiva de Hacienda o en Avalam. En cuanto a la línea del ICA con el ICREF se debe hacer ‘online’ a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, rellenando el ‘formulario de solicitud genérica’. El código del procedimiento es el 1609-Presentación electrónica de solicitudes, escritos y comunicaciones no disponibles en la guía de procedimientos y servicios.

 

Una plataforma ‘online’ permitirá compartir documentación y conocer el estado de tramitación en una evaluación ambiental

Es una de las medidas incluidas en el Decreto Ley de mitigación del impacto socioeconómico de la Covid-19 en el área de Medio Ambiente que modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada

El consejero Antonio Luengo informa de este nuevo portal de comunicación en sendas reuniones con la Cámara de Comercio de Murcia y con la Federación Regional de Empresas del Metal de Murcia

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, creará, mantendrá y pondrá a disposición de las distintas administraciones intervinientes en los procedimientos de evaluación o autorizaciones ambientales una plataforma informática que permita la transmisión de documentación y actos administrativos, y su seguimiento y acceso público, a través de Internet, con la excepción, en su caso, de los datos que gocen de confidencialidad y con la debida seguridad jurídica.

Así lo trasladó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, en las reuniones que mantuvo con representantes de la Cámara de Comercio de Murcia y, posteriormente, con la Federación Regional de Empresas del Metal de Murcia.

Se trata de una de las medidas más destacadas incluidas en el Decreto Ley de Mitigación del Impacto Socioeconómico de la Covid-19 en el Área de Medio Ambiente, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado jueves. “Esta plataforma telemática permitirá a las unidades administrativas que deban emitir informes tener a su disposición el expediente actualizado, acordándose en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo”, detalló Luengo.

En base a los principios de economía y máxima difusión, la documentación integrante de los planes o programas y proyectos, incluyendo el documento inicial ambiental, el estudio ambiental estratégico, el estudio de impacto ambiental y cualquier documento complementario, se presentarán en formato digital de uso común, bajo un sistema que garantice su protección, firmado electrónicamente por sus autores y con código de verificación.

“Todo ello se hará con la máxima garantía de seguridad, ya que en los casos en que exista información confidencial, se presentará además una versión documental paralela que garantice la confidencialidad de datos a efectos de su publicación”, aclaró el consejero.

La información geográfica estará disponible en formatos SIG, de acuerdo con las condiciones de interoperabilidad vigentes en materia de infraestructuras de datos espaciales. Se utilizará la información geográfica temática oficial de las administraciones, con los metadatos mínimos para identificar la información, lo que permitirá contrastar el plan, programa o proyecto con la cartografía que recoge hábitats, espacios de la Red Natura 2000, patrimonio cultural, zonas forestales, instrumentos de ordenación del territorio y planes urbanísticos e infraestructuras, entre otros. De este modo, se podrá realizar un análisis técnico del expediente de evaluación ambiental con todos los elementos de juicio necesarios.

 

La Comunidad recibe más de 1.000 consultas y reclamaciones de consumidores

Entre las consultas más demandadas destacan las cancelaciones de eventos, reclamaciones a compañías aéreas y rescisión de contratos de alquiler de estudiantes

La Comunidad ha recibido más de 1.000 consultas y reclamaciones a través del Servicio de Defensa del Consumidor. Los asuntos más demandados son los relativos a cancelaciones de comuniones, bodas, bautizos y celebraciones motivados por la Covid-19, así como cancelaciones de viajes, por la dificultad de realizar reclamaciones con las compañías aéreas.

Otros asuntos frecuentes son los problemas surgidos con la finalización de las clases presenciales de los estudiantes y la rescisión de contratos de alquiler de pisos de estudiantes y residencias universitarias. Asimismo, hay denuncias relacionadas con la moratoria de los préstamos hipotecarios, como productos bancarios ofrecidos a los ciudadanos para poder acceder a la financiación que en estos momentos es esencial para los ciudadanos.

La directora general de Consumo y Artesanía, Carolina Espinosa, aseguró que “en la Región de Murcia nos anticipamos al previsible incremento de reclamaciones de los consumidores que nos van a hacer llegar cuando finalice el estado de alarma. Estamos preparados para atenderlas y trabajamos para que en toda la Región se facilite la información consensuada y uniforme. En lo que va de año se han recibido 396 reclamaciones en el Servicio de Defensa del Consumidor y han sido atendidas un total de 620 consultas”.

En este sentido, y a fin de potenciar la labor mediadora en la resolución de los conflictos con los consumidores, Consumo ha implantado un protocolo de simplificación y notificación de Laudos tramitados por la Junta Arbitral, la realización de audiencias por escrito con el fin de facilitar la defensa de los derechos e intereses económicos de los consumidores, así como habilitar más recursos para incrementar el número de audiencias que se celebran semanalmente. “El objetivo es resolver en un tiempo récord las 700 solicitudes de arbitraje que hasta este momento se han recibido en la Junta Arbitral de Consumo de la Región de Murcia y cuantas puedan llegar”, subrayó Carolina Espinosa.

Desde el inicio del estado de alarma, la prioridad de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través de la Dirección General de Consumo y Artesanía, ha sido mantener una¿comunicación e información diaria, clara, exacta y actualizada con los consumidores y usuarios por los canales habilitados como refuerzo (teléfono: 968 35 71 90/89 y un email: consumomurcia@carm.es) además de la sede electrónica, que se han dirigido a los servicios también a través de la Red de oficinas Municipales de Información al Consumidor y con las Asociaciones de Consumidores de la Región de Murcia.

Inspección de Consumo

La Inspección de Consumo dirige sus actuaciones al control de precios y etiquetado de mascarillas puestas a la venta a disposición de los consumidores, a la venta de alimentos en el comercio ‘online’, a campañas informativas de medidas de prevención ante el Covid-19 y a la monitorización de precios de los alimentos, de material electrónico y productos para garantizar la ausencia de abusos de precios para los consumidores en unos momentos especialmente vulnerables.

Se han incrementado las actuaciones inspectoras de control en el comercio ‘online’, durante lo que va del estado de alarma, en un 15 por ciento. “Han disminuido notablemente las denuncias recibidas desde el día 14 de marzo con respecto al periodo anterior de este mismo año en un 80 por ciento e igual ha ocurrido con las alertas, que han caído en un 88 por ciento, lo cual tiene sentido al estar paralizada durante este periodo la actividad comercial. En lo que va de año se han tramitado 515 expedientes, de los que 206 han sido iniciados desde que se declaró el estado de alarma”, señaló Espinosa.

 

El consejero de Empleo asegura que la Comunidad “es a día de hoy de las pocas que resuelve todos los ERTE y en plazo”

Miguel Motas compareció hoy en la Asamblea para defender su gestión durante la crisis sanitaria y lamentó que “muchas de las propuestas que ha hecho al Gobierno central no han sido tenidas en cuenta”

El consejero de Empleo, Investigación y Universidades, Miguel Motas, compareció hoy ante el pleno de la Asamblea Regional -a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista- para exponer la gestión que ha llevado a cabo y las numerosas medidas puestas en marcha por su Departamento durante la crisis sanitaria de la Covid-19.

El consejero indicó que “es consciente” de que “tras la crisis sanitaria, el empleo es, posiblemente, lo que más preocupa a la sociedad. Más aún cuando por fin parecía que la última crisis económica se miraba desde lejos”. Afirmó que “nuestro compromiso con los conciudadanos es máximo, y sobra decir que no vamos a fallar a los murcianos en este momento tan delicado”.

Sobre el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), recordó que, desde el primer momento y hasta que se mantenga el estado de alarma, todos los procedimientos de atención al ciudadano se harán de forma electrónica o por teléfono. Además, hay trámites como la renovación del sello por desempleo que se está resolviendo de forma automática “para tranquilizar a todos los usuarios y que no les quepa duda de que se mantienen sus garantías, sin necesidad de salir de casa”, aseguró Motas.

El consejero indicó que, para la adopción de medidas urgentes en materia de empleo orientadas o dirigidas a los sectores económicos más afectados por la paralización económica y social del Covid-19, el pasado 29 de abril, tras reunirse la Comisión de Seguimiento de la Estrategia por el Empleo Calidad 2017-2020, se constituyó la Comisión de Vigilancia para el Empleo derivada del Covid19 (COVEM 2020), integrada por los órganos directivos de la Consejería con competencias en materia de trabajo y empleo, así como por las organizaciones sindicales más representativas y la patronal.

Respecto a trabajo autónomo, Motas hizo hincapié en que “el Estado podía y debía haber hecho algo más por este colectivo”, al que desde el principio el consejero pidió que se le eximiese de pagar su cuota a la seguridad social “porque a ingresos cero, cero impuestos”. Pero ha reconocido que sus demandas no han tenido éxito “y el Gobierno de la Nación ha decidido hacer caso omiso a las reclamaciones, no solo nuestras, sino lo que es aún peor, le han dado la espalda a las organizaciones representativas del colectivo”.

Recordó que la Consejería va a destinar 4 millones de euros, que estiman beneficiarán a unos 14.000 autónomos, a través de una única ayuda de 286 euros a quienes hayan visto reducida su facturación entre un 40 y un 75 por ciento. Expresó su “compromiso” de seguir apostando por este colectivo en la Región y aseguró que “en cuanto tengamos mayor dotación económica, podremos avanzar nuevas ayudas al colectivo”.

En lo referente a la Dirección General de Investigación e Innovación, el consejero recordó que desde el inicio de la crisis sanitaria entendió que debía ejercer una de sus principales competencias: la de promoción de la Investigación. Algo que se ha hecho, entre otras cosas, aprovechando la convocatoria de proyectos del Instituto de Salud Carlos III para detectar potenciales proyectos regionales de investigación que, sin haber obtenido financiación nacional sí hubiesen sido calificados de forma positiva y poder dotarlos de medios.

Motas también mencionó la ‘Guía de las capacidades y recursos del sistema de I+D+i de la Región de Murcia en la lucha contra la Covid-19’, editada a través de la Fundación Séneca- Agencia Regional de Ciencia y Tecnología. “Se trata de un documento en el que se recoge toda la información acerca de las capacidades del Sistema de Ciencia y Tecnología con respecto a COVID-19 de todos los Centros de Investigación, OPIs y Universidades de la Región de Murcia: UMU, UPCT, UCAM, CEBAS, IMIDA, IMIB, CTNC”, explicó.

Según dijo, “este documento ha puesto de manifiesto el gran potencial de la Región de Murcia en I+D+i en la lucha frente a COVID-19, ya que todas las Instituciones del Sistema Regional de I+D+i están trabajando en ello”, y aseguró que “fue presentada y muy bien valorada por el Consejo de Política Científica que preside el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, quien afirmó que la emularía a nivel nacional y ha sido enviada como ejemplo de Buenas Prácticas al ‘Comité de las Regiones’ de la Unión Europea”.

Sobre la Dirección General de Universidades destacó que se está trabajando desde el principio para que el sistema universitario regional sea lo suficientemente flexible a fin de que ningún alumno pierda el curso como consecuencia de la pandemia. “Para ello, podemos presumir de haber conseguido plena colaboración con las universidades a través de la creación del Comité de Coordinación Universitaria (CCU)-Covid 19 que se ha reunido cada semana y nos permite mantener una comunicación fluida y coordinada, manteniendo el principio de autonomía universitaria”, expuso.

Aseguró que fue la Consejería la que propuso al Ministerio de Universidades realizar modificaciones en la prueba de EBAU para que los estudiantes puedan sacar la máxima nota con sólo el porcentaje de docencia impartido presencialmente este curso académico, “algo que será así a nivel nacional”.

No hubo tanta suerte con la petición de que se tuviera especial sensibilidad a la hora de marcar los criterios de obtención de becas para el curso 2020-2021, teniendo en cuenta que la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos puede estar teniendo una repercusión negativa a nivel económico en muchas familias, algo que, obviamente, no queda reflejado en la renta de 2019. “Por desgracia, esta medida ya sabemos que no ha sido tenida en cuenta”, lamentó.

A la espera de que el Ministerio se pronuncie al respecto y dado que es necesario empezar a tomar medidas con respecto de las sedes y las condiciones en que se celebrarán los exámenes de evaluación del bachillerato para el acceso a la Universidad, el consejero recordó que aquí “ya se está trabajando en la preparación de un protocolo sanitario que nos permita tomar decisiones priorizando la salud de los alumnos y de todo el personal implicado en la celebración de las pruebas”.

En relación a la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, responsable, entre otras cosas, de la gestión de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) ha defendido el ingente esfuerzo que se ha debido hacer para gestionar la avalancha de expedientes recibidos desde que se declarase el estado de alarma, consiguiendo componer un equipo que ha pasado de contar con solo dos personas a más de 200, todas ellas funcionarios procedentes de otras consejerías y que, en modalidad de teletrabajo, han tenido que ser formados y coordinados.

“Ese esfuerzo se ha visto recompensado en que a día de hoy “la Región de Murcia es de las pocas comunidades autónomas que está resolviendo todos los expedientes y que, además, lo hace en tiempo”. En ello ha contribuido la Orden de la Consejería por la que se amplía el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, pasando de cinco a 10 días.

Motas agradeció el trabajo de todo el personal de la Consejería durante estos meses y reiteró la “necesidad de continuar esa estela para conseguir reducir el impacto de la Covid19 en el empleo lo antes posible”.

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Categoría nota prensa: Salud

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